La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, señaló que solicitarán al Congreso Local una partida presupuestal para el mantenimiento y rehabilitación integral de vialidades estatales y municipales, ya que por su mal estado provoca que un ciudadano gaste entre 3,000 y 10,000 pesos en reparaciones tras caer en un bache, mientras un camión de comercial debe pagar más de 15,000 pesos por reparación y hasta más de 100,000 por el mantenimiento frecuente en unidades más pesadas.
En conferencia de prensa apuntó que a la fecha los municipios con más baches o vialidades en malas condiciones son Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y algunos de la zona oriente.
“Es un problema incuantificable, buscamos que los diputados determinen qué presupuesto se va a la reparación de calles, que es una obligación del estado. Hay omisión por parte de los tres niveles de gobierno y los empresarios no deben contribuir porque ya pagan impuestos para ello. No se pueden esperar a la próxima temporada de lluvias para ver si se deciden a atender el tema, pues está causando daños en la infraestructura, seguridad y competitividad de las empresas”.
Una vez que inicie el nuevo periodo legislativo tocarán el tema con la Junta de Conciliación Política, ya que de acuerdo con el último estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el Estado de México no figura en las entidades que avanzaron en la recuperación económica tras la pandemia, y uno de los factores que atrasan el flujo económico es precisamente el tema de la infraestructura vial.
A través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la federación y del Estado de México, publicadas en 2004 y 2017, respectivamente, apuntó que exigirán el pago de una indemnización por parte de las autoridades correspondientes a quienes sufran daños en sus bienes o derechos como consecuencia de una actividad pública o administrativa o irregular del estado.
Recordó que entidades como la Ciudad de México llevan pagando indemnizaciones por años y recientemente se reunieron con Mirna García, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que se defina claramente las reglas de las indemnizaciones por baches, falta de mantenimiento de vialidades, inundaciones, obras mal ejecutadas o por servicios con fallas.
“Tendremos un dialogo contante con Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribula Superior de Justicia, porque hay procedimiento bien establecido en la ley para solicitar la indemnización y las dependencias tiene un presupuesto definido para hacerse cargo de las afectaciones patrimoniales”.
A decir de Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en la entidad, por ley la indemnización debe ser fácil y rápida para los automovilistas, aunado a la rehabilitación de las vialidades.
Desde hace 2 años y 6 meses, por ejemplo, existe una auditoría vial en la que se determinó debe redireccionarse el trazo de la curva la Marquesa-Lerma, derivado de los accidentes que se registran en esa zona, “situación que ha quedado pendiente”.
El reclamo se ingresa en la dependencia presuntamente responsable a través de un escrito y bajo el procedimiento del reglamento de la Ley de Responsabilidad patrimonial del Estado de México y Municipios.
En caso de no respuesta, el Tribunal del Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en su caso, le darán seguimiento; y la Codhem podrá observar o vigilar a petición del reclamante, el proceso.
“Estaremos muy atentos a los reclamos que hagan nuestros afiliados para que nadie entorpezca el proceso, como Consejo empezaremos a meter reclamos en distintos municipios y distintas áreas del estado y la federación para medir tiempos y qué pasa con ellos. Vamos de la mano con derechos humanos para que no inventen requisitos y en caso de presentarse, se judicialicen los casos”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, solo 42.8 por ciento está satisfecha con los servicios públicos, donde los peor calificados fueron las calles y avenidas, la policía y el alumbrado público.
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