Al arrancar el análisis del paquete fiscal para el año próximo, legisladores de oposición demandaron un re-direccionamiento de recursos en algunos programas ante el incremento de gasto corriente y cuestionaron un aumento “exorbitante” del 269% para programas destinados presuntamente a población indígena y sin registro similar en años previos, toda vez que 2023 es año electoral.
En una primera mesa de análisis con el equipo de la Secretaría de Finanzas, el legislador de Morena, Daniel Sibaja, observó el incremento inusitado a programas que opera la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), lo cual consideró “exorbitante”, ya que no presenta una secuencia similar en años previos, por lo cual pidió un desglose pormenorizado de los recursos que se pretenden destinar a ese sector.
Lo mismo pidió para las variantes de programas sociales y Salario Rosa, la diputada de Morena, Carmen de la Rosa, quien informó que para el sector social se tienen aplicaciones por 17 mil millones de pesos para el 2023, pero sin que el proyecto de presupuesto precise en qué y cómo se gastarán esos fondos.
También pidió que la Secretaría de Finanzas explique la contratación de outsoursig para operar programas sociales y si lo seguirá haciendo en 2023, mientras que tampoco se tienen noticias de que el gobierno estatal haya atendido las 40 observaciones que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, al programa Salario Rosa desde 2018.
De la Rosa pidió a los funcionarios saber qué ajustes hicieron y cómo re-direccionaron el programa a partir de dichas observaciones.
Cabe recordar que el 4 de junio del 2023 habrá elecciones en el Edomex para renovar la gubernatura.
Daniel Sibaja apuntó que en el proyecto de presupuesto para el 2023 presentado por el Ejecutivo estatal, se incluyen 300 millones de pesos para apoyo a “discapacitados”, mientras que al Salario Rosa se le asigna un presupuesto similar al de este año, por 5,000 millones de pesos.
Sugirió que en este último caso hay coherencia con años previos, pero en el primero no hay antecedente similar, por lo que también pidió una explicación de cómo se distribuirán esos recursos.
El mismo legislador consideró que, llegado el momento, tendrán que hacerse algunos “re-direccionamientos” presupuestales, ya que el gasto corriente en la actual administración presenta un aumento continuo desde el 2018, mientras que el presupuesto para la “inversión pública” ha decrecido.
Mencionó que en la actual administración la “inversión pública” ha acumulado en cinco años un decrecimiento del 44%, mientras que el gasto corriente va en aumento, tanto que para el 2023 el 85% del presupuesto se irá en este rubro, mientras que cuando inició la administración el gasto corriente solo representaba el 65%.
Tanto el legislador Daniel Sibaja como Max Correa, hicieron un llamado a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas para “hacer un re-direccionamiento” presupuestal.
El subsecretario de ingresos, Jaime Valadez, confirmó que para el 2023, la actual administración en su último año, pretende contratar financiamientos -deuda- por 1,500 millones de pesos.
En el tema de financiamientos nuevos, dijo que estos recursos se destinarán a la conclusión de proyectos que ya están en marcha.
Las discusiones del paquete fiscal continuarán.
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