Una juez federal de distrito en Tucson, Arizona, falló a favor de que el gobierno de México continúe con su demanda contra cinco empresas vendedoras de armamento de Arizona. La demanda acusa a estas empresas de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles de droga mexicanos.
La juez Rosemary Márquez rechazó los argumentos de las empresas, que se basaban en la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que proporciona amplia protección a la industria de armas de fuego contra demandas por el mal uso de sus productos.
Márquez determinó que México presentó afirmaciones plausibles exentas de la protección de la PLCAA, incluyendo violaciones de varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño a la nación latinoamericana.
La demanda de México alega que los comerciantes de armas facilitaron el tráfico de armas de asalto y municiones a los cárteles mediante prácticas imprudentes e ilegales.
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