En un contexto de creciente tensión y debate sobre la reforma judicial que se avecina, empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron unirse al paro laboral convocado por trabajadores de los juzgados federales. Esta movilización surge como respuesta directa a las posibles implicaciones que la reforma podría tener en sus condiciones de trabajo y en la independencia del Poder Judicial.
En una votación preliminar, realizada el pasado lunes en la emblemática zona de murales de la SCJN, un total de 951 empleados manifestaron su apoyo al paro, mientras que 116 se opusieron y cinco optaron por abstenerse. De una plantilla total de 1,647 trabajadores, participaron 1,072, lo que demuestra un significativo nivel de involucramiento por parte del personal de la Suprema Corte.
Los resultados de esta votación serán entregados al Pleno de la Corte, encabezado por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. El propósito es que se analicen y discutan las implicaciones de la decisión tomada por los empleados, la cual involucra a secretarios de estudio y cuenta, así como a auxiliares, en un acto de respaldo a sus colaboradores.
Aunque no se ha definido la fecha exacta para el inicio del paro, la determinación de suspender actividades se presenta en un momento crítico, dado que la reforma judicial será discutida en la Cámara de Diputados en los próximos días. La incertidumbre sobre cómo esta reforma podría afectar al Poder Judicial ha generado una notable preocupación entre los trabajadores, quienes buscan defender sus derechos y la autonomía judicial.
El Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho, entidad que convocó la votación, hizo el anuncio del resultado a través de su cuenta en X, la plataforma antes conocida como Twitter. En su comunicado, señalaron que pronto se darán a conocer las siguientes acciones que tomarán en conjunto con los trabajadores de la SCJN.
Asimismo, la organización subrayó que la decisión de sumarse al paro refleja el sentir mayoritario del personal de la Suprema Corte, quienes, a través de este acto, buscan presionar para que se reconsideren ciertos aspectos de la reforma que consideran lesivos para la integridad de la justicia en México.
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