La presidenta de la Comisionada de Derechos Humanos, Myrna Araceli García Morón, dio a conocer que ya está listo el protocolo para aplicar el operativo mochila en las escuelas del Estado de México.
En este se garantizan el respeto de los derechos de la comunidad escolar, sólo falta el visto bueno en el Ejecutivo y que el sector educativo programe la aplicación con las madres y padres de familia.
Esto, luego que la Legislatura mexiquense exhortó a las autoridades estatales conocer el protocolo y las fechas en las cuales se va a aplicar en el ciclo escolar 2024 -2025, para evitar que algún menor introduzca a las escuelas armas o sustancias tóxicas que puedan dañar la integridad de las y los menores.
La comisionada dijo que han trabajado con el protocolo conjuntamente con la Secretaría de Educación, con la de Seguridad y con la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes y el sector dentro del gobierno, garantizando que todo se haga con estricto cuidado, sin vulnerar los derechos de nadie de las personas que intervengan.
Este protocolo lo va a operar la Secretaría de Educación y ella tiene que valorar los tiempos y lugares para poderlo echar a andar, con apoyo de las comunidades escolares, padres, madres y tutores, y con presencia del personal de la Codhem, para verificar su nivel de cumplimiento y prevenir abusos, así como recibir quejas de manera directa.
“El protocolo tiene una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de infancia de interculturalidad, de respeto a las personas con discapacidad. Y claro que se han cuidado absolutamente todos los elementos para que sea muy exitoso y cumpla la finalidad que nos pidieron las y los legisladores” añadió.
Prácticamente está en su última revisión en el gobierno estatal y ya será la Secretaría de Educación quien coordine estos operativos para revisar las mochilas de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a las escuelas de la entidad, de nivel básico, donde se contabilizan cerca de 19 mil 700 instalaciones.
“Desconocemos cuándo se va a aplicar, pero estamos atentos para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes” y entendiendo que el objetivo es garantizar su permanencia segura, dentro de las instituciones públicas.
En la revisión no participarán elementos de seguridad, sino los mismos padres, madres tutores y el profesorado.
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