A 2 semanas que concluya el plazo para que las y los 75 diputados locales del Estado de México, así como su equipo de asesores den de alta su manifestación de bienes por inicio de funciones en el Poder Legislativo, sólo 8 personas han cumplido, informó el contralor de la Legislatura, Juan José Hernández Vences.
El plazo de 60 días que da la ley, vence el próximo 4 de noviembre, y forma parte de las obligaciones en el servicio público, dar de alta su manifestación, actualizarla cada año y la baja cuando dejan el cargo público, para que las instancias de control puedan llevar a cabo las revisiones correspondientes, con el fin den conocer su evolución patrimonial y evitar delitos vinculados con la corrupción.
Luego de la instalación del Comité de Vigilancia de la Contraloría, el funcionario legislativo enfatizó que todavía hay tiempo para que todas y todos los nuevos servidores públicos cumplan con la norma, pues de otra manera podrían ser acreedores a sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Aclaró que todos están dentro del plazo, aunque si van un “poco atrasados”, pues apenas 8 personas han llevado a cabo el trámite, que empezó a correr a partir del 5 de septiembre para las y los 75 diputados; en el caso de asesores y personas que fungen como secretarios técnicos tienen algunos días más porque entraron en diversas fechas.
Las personas que fungen como asesores son cerca de 600 y otro tanto son empleados nuevos en diversas áreas, por lo cual el total de manifestaciones que esperan es cercano a los 800.
“Ya hablamos con todos los coordinadores y los diputados y estos 15 días que faltan estamos apretando para que todos cumplan, con la asesoría y apoyo necesario para que ingresen a la plataforma y suban la información requerida”, indicó.
La mismo pasa con quienes terminaron su encargo, que fueron 66 de los 75 diputados y diputadas, pues los otros nueves fueron reelectos y sólo tienen que hacer la actualización anual, en el mes de mayo. En este caso van un poco más avanzados, porque son gente que ya conoce el sistema y tiene muy claras sus obligaciones.
En las altas, las y los nuevos funcionarios deben dar a conocer detalles de ingresos, vehículos, muebles e inmuebles de su propiedad, el salario que han percibido en el último año, créditos, ingresos por el servicio público y otras actividades, además si están al corriente en el pago de impuestos y si tienen conflicto de interés por formar parte de alguna empresa.
Con esta información, cada año se hace una revisión patrimonial para evitar casos de enriquecimiento ilícito y verificar que los egresos sean acordes con los ingresos.
La Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de México, en la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. En las anuales sólo se harán las modificaciones ocurridas en ese plazo.
La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control están facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes, con el fin de prevenir o detectar delitos en el servicio público.
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