La comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local recibió la tercera iniciativa de ley que busca sancionar con cárcel a quienes incurren en esta práctica para dañar o presionar a la madre, pues desde abril del 2022 sólo se reconoce esta figura en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no ha sido incluida como delito en el Código Penal del Estado de México.
A finales del año pasado, las bancadas del PAN y PRD propusieron, por separado, penas de hasta 10 años y 6 meses de cárcel a quien cometa este tipo de violencia, donde se llevan a cabo actos donde los hijos, hijas o seres queridos, donde se incluyen animales de compañía son instrumentalizados para maltratar y ocasionar dolor a las mujeres, generando un consecuente daño psicoemocional, físico o patrimonial a las terceras personas utilizadas.
El planteamiento fue de 4 a 8 años, perder todos los derechos con relación a la víctima y a las hijas e hijos de ésta, y el delito se perseguirá de oficio, además de la posibilidad de modificar el ejercicio de la patria potestad y si una persona servidora pública retarda o entorpece maliciosamente, o por negligencia, la procuración o administración de justicia se le impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 500 a mil 500 días multa, además de que será destituida e inhabilitada de seis a 10 años.
Aunado a estas propuestas, hace unas semanas, la bancada del PVEM presentó una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado de México, para que las víctimas de violencia vicaria puedan interponer demanda por estos hechos, ante la jueza o juez de primera instancia.
En esta ocasión, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista plantea de 3 a 7 años de prisión a quien cometa violencia vicaria y se incluya como un tipo de violencia familiar, así como hasta 600 días multa y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.
En general esta conducta se reconoció apenas hace poco más de 10 años, pero este tipo de violencia ha ido escalando y se ha convertido en un problema social y de salud pública y aunque pareciera que no es un asunto prioritario para resolver, existen graves afectaciones hacia las mujeres y sus hijos e hijas, por lo que urge visibilizar y sancionar estas acciones.
De acuerdo con Amnistía Internacional a partir del 2003 y hasta abril del 2024, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España ascendió a 1 mil 249, dejando a 438 niñas y niños huérfanos. Desde 2013 han sido asesinados 57 menores como consecuencia directa de violencia de género, donde el padre biológico es quien perpetra el hecho para infligir dolor a la madre
En lugares como Uruguay el Movimiento Feminista Mujeres y Disidencias de Colonia ha documentado ocho infanticidios entre 2014 y 2019, en Bolivia en el 2024 el Ministerio Público conoció 81 víctimas de feminicidio y 33 de infanticidio.
En México, por el reciente reconocimiento de la violencia vicaria ha sido difícil contar con una cifra exacta de víctimas; sin embargo, algunos movimientos de apoyo a las mujeres han señalado que se han interpuesto 609 denuncias por este tipo de delitos, pero no se ha llegado a ninguna sentencia y casi todas las mujeres que han denunciado están en la impunidad ya que únicamente 48 carpetas, es decir 7.88 por ciento han sido llevadas a un juzgado.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria realizó una encuesta a 3 mil 8 mujeres de todo el país y concluyó que 90 por ciento de las víctimas se enfrenta a procesos legales iniciados por su agresor, de los cuales 53 por ciento son en el campo penal y el resto en el civil.
Además, 9 de cada 10 agresores obstaculizan los procesos legales y recursos que las víctimas interponían; de los cuales, 18 por ciento lo hacían por tener cargos públicos, 58 puntos porcentuales por tráfico de influencias y 81 por contar con poder económico.
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