Con base en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se reveló un sistema de corrupción institucionalizada que permitió el despojo ilegal de propiedades en distintos puntos del Estado de México, particularmente en el Valle de México y la zona oriente de la entidad. El esquema implicaba desde grupos de choque hasta funcionarios de alto nivel, pasando por notarios públicos que validaban documentos falsificados.
Cinco organizaciones, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), GOPEZ, Los 300, 22 de octubre y Los Gastones, actuaban bajo el disfraz de “organizaciones sociales” o “sindicatos”. Su tarea era apoderarse de casas, locales comerciales, naves industriales y predios, sin tener ningún derecho legítimo.
Estas agrupaciones operaban en complicidad con autoridades municipales y estatales, facilitando que los bienes robados fueran “regularizados” ante notarios públicos, a pesar de que estos conocían el origen irregular de los documentos presentados.
Las investigaciones condujeron a la detención de 11 personas y la acción penal contra 12 más, incluidos funcionarios públicos. La Fiscalía anunció audiencias de formulación de imputación contra:
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Cinco trabajadores del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM): dos registradores, dos calificadores y un analista.
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Cuatro funcionarios municipales, entre ellos los directores de Desarrollo Urbano de Coacalco y Lerma, un exdirector de Catastro de Ecatepec, y una jefa de mercados municipales en Chimalhuacán.
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Tres notarios públicos (2 en Toluca y uno en Ecatepec), acusados de participar en falsificación de documentos.
Uno de los puntos más graves revelados por la FGJEM es que, pese a tener conocimiento de la existencia de documentos apócrifos, los funcionarios del IFREM registraron folios reales a nombre de personas sin derechos sobre los inmuebles.
“Las indagatorias han permitido que la Fiscalía Edoméx ejercite acción penal en contra de 12 integrantes de diversas instituciones, de quienes se tiene acreditado en grado de probabilidad que participaron en el entramado criminal”, detalló el Ministerio Público.
Las fechas para las audiencias de formulación de imputación ya fueron fijadas. Para los servidores públicos del IFREM serán los días 12 y 13 de junio. En tanto, los funcionarios municipales serán llamados el 10, 16 y 17 de junio.
Además, la Fiscalía subrayó que también se investiga a los notarios públicos por haber participado en irregularidades en poderes notariales y actos traslativos de dominio, clave para consumar el despojo.
Este caso no solo expone un esquema de corrupción inmobiliaria bien organizado, sino también cómo la colusión entre sindicatos falsos, funcionarios y notarios permitió una operación sistemática para arrebatar propiedades legalmente registradas. La red criminal contaba con el respaldo institucional necesario para moverse con impunidad. Ahora, queda por ver si los procesos judiciales estarán a la altura del daño causado.
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