La casa de Valeria se está cayendo poco a poco. No necesita mirar las grietas que atraviesan sus paredes para recordarlo. Todas las noches, cuando apaga la luz, escucha el crujido del techo y el sonido de los fragmentos de muro que se desprenden y caen al suelo.
Dormir se ha convertido en una experiencia dominada por el miedo. La posibilidad de que una parte de su vivienda se derrumbe mientras descansa dejó de ser una preocupación lejana para convertirse en una amenaza con la que asegura convivir todos los días.
“Es horrible intentar dormir así porque no sabes en qué momento se te va a venir abajo esto”.
Valeria vive en Toluca, la capital del Estado de México, donde al menos 50 viviendas presentan grietas y otros daños que sus habitantes relacionan con los movimientos del subsuelo. Los vecinos identifican, además, por lo menos 10 inmuebles con afectaciones que consideran capaces de provocar derrumbes parciales.
Hay casas que ya fueron demolidas y otras cuyos propietarios aseguran tener indicaciones para retirar partes de sus construcciones. Algunas familias contemplan derribar sus viviendas antes de exponerse a un accidente.
La crisis se extiende por colonias como Las Américas, San Sebastián, 5 de Mayo, Santa Clara y el Centro Histórico, donde los afectados reclaman una declaratoria de emergencia y medidas de protección mientras se determina qué está ocurriendo debajo de sus hogares.
Sin embargo, el gobierno municipal sostiene que no existe un estado de alerta general ni evidencia científica de un peligro inminente para la ciudad.
La administración del alcalde Ricardo Moreno Bastida contrató a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar el subsuelo, identificar las causas de los hundimientos y establecer medidas de prevención.
El diagnóstico integral tiene un costo aproximado de 4 millones de pesos y un periodo de ejecución previsto de siete meses. Aunque se contemplan resultados preliminares durante los primeros tres meses, la conclusión de todos los trabajos podría extenderse hasta 2027.
Para quienes ven cómo avanzan las grietas, la investigación abre una posibilidad de obtener respuestas, pero también representa una espera que consideran difícil de soportar.
Toluca acumula décadas de advertencias sobre la extracción de agua subterránea, fracturas geológicas y deformaciones del terreno. En determinadas zonas se han documentado hundimientos de hasta un metro en periodos de poco más de una década, mientras las proyecciones científicas advierten que la subsidencia (el hundimiento progresivo que ocurre sin necesidad de un sismo o un colapso repentino) podría agravarse hacia mediados de siglo.
La ciudad enfrenta así una contradicción: necesita extraer agua del subsuelo para abastecer a miles de habitantes, pero la sobreexplotación del acuífero es uno de los factores asociados con los procesos de hundimiento que afectan diferentes puntos del Valle de Toluca.
En las colonias afectadas, la incertidumbre tiene consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas.
Las familias observan cómo se abren grietas en paredes y pisos, mientras algunas separaciones aumentan con el paso del tiempo y aparecen daños en elementos de las construcciones.
Para los propietarios, cada nueva fractura representa un posible gasto de reparación, pero también una señal de que la vivienda podría estar perdiendo estabilidad.
El patrimonio que tardaron años en construir comienza a deteriorarse sin que exista todavía una explicación técnica concluyente sobre las causas particulares de los daños.
Valeria forma parte del grupo de habitantes que ha insistido en la necesidad de suspender temporalmente los pozos ubicados en el Jardín Zaragoza y la Alameda Cuauhtémoc, ante la sospecha de que la extracción de agua pueda estar relacionada con el agravamiento de los hundimientos.
Los vecinos consideran que la operación de estas instalaciones debe revisarse mientras se desarrollan los estudios.
“No estamos en contra de la distribución del agua a toda la ciudad porque es necesario, pero nos está afectando más quedarnos sin casa; ya hay varias demolidas o varias con orden para demoler ciertas partes”.
La exigencia refleja un conflicto que enfrenta dos necesidades fundamentales: garantizar el abastecimiento de agua y proteger la seguridad de las familias que habitan las zonas afectadas.
El gobierno municipal rechaza que exista evidencia suficiente para atribuir los daños específicamente a la operación de los nuevos pozos.
Los especialistas también advierten que no es posible establecer una relación directa entre una perforación determinada y las grietas de una vivienda sin analizar las características del terreno, la extracción de agua y los procesos geológicos que actúan en cada lugar.
Sin embargo, los vecinos consideran que la falta de conclusiones definitivas no debería impedir que se adopten medidas preventivas en los inmuebles donde las fracturas continúan avanzando.
