El fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, informó a la Legislatura que durante los últimos 12 meses se iniciaron 359 mil 368 expedientes, es decir 7 por ciento menos que el año anterior y han ejercido acción penal en contra de 580 servidores públicos, sobre todo municipales, vinculados con la delincuencia organizada.
De 13 delitos del fuero local, 10 registran una reducción, sólo sube el robo de vehículos con o sin violencia y las lesiones dolosas con arma de fuego que subieron 3 puntos en los dos primeros casos y casi 4 por ciento en el último.
En tanto, los delitos de alto impacto bajaron 5.66 por ciento, al pasar de 86 mil 661 a 81 mil 760 entre abril de 2024 y marzo de este año, que es el periodo por el cual rindió su tercer informe de gestión, por escrito, para conocimiento de las, los y les 75 integrantes de la Legislatura.
El delito con menor reducción fue el robo a casa habitación que bajó 45 por ciento, seguido del secuestro 30 por ciento y el feminicidio 21.84 por ciento. Otras conductas que tuvieron menos frecuencia fue el robo a transporte de carga, a transeúnte y a negocio; en todos los casos con violencia, así como el delito de extorsión, del cual se presentaron 3 mil 351 casos.
En su tercer informe de labores, enfatizó que nadie debe transgredir la ley y quien lo haga debe enfrentar la acción de la justicia. Reconoció que los esfuerzos de las autoridades para proteger a la ciudadanía no siempre tienen éxito por la colusión de servidores públicos con grupos criminales o conductas constitutivas de delito.
Además de detallar las acciones de cada uno de los operativos de seguridad, como es Atarraya, Enjambre, entre otros, dio a conocer que en este plazo se han judicializado 296 expedientes y ejercieron acción penal en contra de 580 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y en particular contra funcionarios de 46 ayuntamientos.
Los sujetos procesados, añadió, ocupaban los cargos de alcaldes, secretarios del ayuntamiento, directores o comisarios de seguridad pública. Los delitos por los cuales se les acusa son homicidio doloso, secuestro, extorsión, desaparición, violación, abuso, robo, incumplimiento de obligaciones alimentarias, falso testimonio, cohecho, contra la salud, contra la administración de la justicia, abuso de autoridad y uso de objeto o documento falso o alterado.
En el desglose hay 395 servidores municipales, 80 de la FGJEM, 68 de Seguridad, 12 del educativo, entre otros, con los cuales suman 580.
A través de mapas detallan los municipios en los cuales han llevado a cabo los operativos, como es en 14 casos para Enjambre, por lo cual detuvieron a los directores de seguridad pública de Acambay, Aculco, Tlatlaya y Coatepec Harinas por sus vínculos con un grupo criminal.
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