Ex trabajadores de diversos ayuntamientos del Valle de Méxicohan levantado la voz contra una presunta red de corrupción encabezada por la presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Janet Minutti Rodríguez, quien, según denuncias, opera con el respaldo del secretario del Trabajo estatal, Norberto Poblete Morales. Las acusaciones señalan que Minutti decide de manera arbitraria qué asuntos laborales se resuelven con rapidez y cuáles quedan en el rezago, exigiendo «moches» que oscilan entre el 10% y 20% del valor de los juicios laborales a cambio de agilizar procesos y autorizar embargos contra ayuntamientos.
Según testimonios de exempleados y abogados, la Sala Auxiliar de Tlalnepantla opera bajo un esquema de corrupción que afecta directamente a los trabajadores que buscan justicia en conflictos laborales contra ayuntamientos.
Las denuncias giran también en torno a que Minutti, con el apoyo de la auxiliar dictaminadora Jatziry Deniss Corzas Díaz, manipula los laudos para inflar cifras a favor de los demandantes, siempre y cuando se pague el porcentaje exigido. Por ejemplo, un laudo puede costar 15 mil pesos, con la promesa de que será resuelto de manera rápida y con montos elevados, aunque incluya prestaciones que legalmente no proceden.
Si los trabajadores o sus abogados se niegan a participar en este esquema de «moches», los expedientes enfrentan retrasos indefinidos, atribuidos a una supuesta «excesiva carga de trabajo». En los casos más graves, se dictan laudos absolutorios que perjudican directamente a los trabajadores, dejándolos sin la compensación que buscan.
Las denuncias también apuntan a Everardo Guerrero Jiménez, auxiliar de Minutti, quien presuntamente facilita la agilización de trámites a cambio de pagos y señalan como ejemplo que “un simple emplazamiento o acuerdo tiene un costo y las citas con la presidenta son el primer paso para negociar el precio de la justicia exprés. Una vez acordado el monto, Guerrero Jiménez autoriza las actuaciones necesarias, incluso fijando fechas de embargo en tiempo récord, de un día para otro”.
Entre los casos citados como evidencia de estas irregularidades destacan los expedientes 433/2020 y 100/2017, donde los laudos condenatorios se resolvieron con rapidez inusual, alcanzando montos de entre un millón y siete millones de pesos. Los denunciantes señalan que estos casos reflejan el favoritismo hacia ciertos abogados que aceptan las condiciones impuestas por Minutti. Un ejemplo claro es la sesión del pleno del 17 de diciembre de 2024, donde, según las acusaciones, se aprobaron laudos exclusivamente para un solo abogado, mientras que expedientes pendientes desde 2009, siguen sin resolverse.
Otro aspecto de las denuncias es la presunta protección que Minutti otorga a ciertos ayuntamientos a cambio de beneficios, como la inclusión en nóminas. Esta práctica, según los denunciantes, permite que algunos gobiernos municipales evadan responsabilidades laborales mientras los casos de los trabajadores se estancan o son desechados.
Los exempleados y abogados afectados exigen a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y a la secretaria de Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar Gil, una investigación exhaustiva para esclarecer estas acusaciones y, de ser necesario, remover de sus cargos a Janet Minutti Rodríguez y Norberto Poblete Morales, ya que de acuerdo con los denunciantes, Minutti, estaría buscando aspirar a la presidencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo cual agravaría y haría más fuerte la red de corrupción, ya que advierten que “la justicia laboral en el Estado de México está en riesgo, convertida en un negocio donde los derechos de los trabajadores son moneda de cambio“.
“Es inaceptable que la justicia tenga un precio y que los trabajadores tengan que negociar con funcionarios corruptos para obtener lo que por derecho les corresponde”, expresó uno de los denunciantes, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Cabe señalar que Minutti Rodríguez lanzó un llamado a municipios con laudos laborales para que se acerquen a negociar y así evitar embargos, como en el caso de Coacalco, que firmó un convenio; sin embargo, los abogados fijaron su portura al respecto.
“Según ayuda a los municipios, pero esa es su forma de tener el control: ella negocia con los abogados y — a su vez — según ayuda diciéndole a los ayuntamientos que paguen asuntos que ella dice, comentando que esos se tienen que pagar; de lo contrario se irán incrementando su cuantía. Es un asunto que ella hace de ambos lados a su conveniencia”, afirmaron.
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