Luis Manuel Carriedo Téllez, Coordinador Ejecutivo para el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, señaló que el 31 de octubre se publicó en la Gaceta de Gobierno el Protocolo Estatal de Actuación para Garantizar la Vida, la Libertad e Integridad de Periodistas.
El protocolo consta de 40 lineamientos y surgió de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
“Es un referente estatal que retoma un largo trayecto de trabajo, estamos hablando de dos años, hubo foros, participaron la secretaría de Seguridad, la Codhem, la Junta de Gobierno del Mecanismo, y la Fiscalía”.
Resaltó que el protocolo cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Modelo de la UNESCO para Periodistas y es fundamental que avance y tenga una adaptación en los ámbitos municipales.
“Toluca ha tenido apertura y ha reconocido que hay cuestiones que atender, casos que deben corregirse, pero algunos de los lineamientos del protocolo estatal deberán armonizarse porque no pueden confrontarse, si hay características de contexto en cada municipio que pueden fortalecer este tipo de instrumentos. Hemos avanzado con el municipio, nos han compartido una propuesta de protocolo y nuestra opinión está acorde a estándares de derechos humanos”.
Sostuvo que también hay que dar un paso adelante con los protocolos de atención en general para la protesta y la manifestación social, “en esta parte estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Gobernación Federal”.
Por el momento están por concretarse 21 convenios específicos con municipios para capacitar a su personal sobre los estándares del nuevo protocolo estatal.
Entre los lineamientos del Protocolo Estatal de Actuación para Garantizar la Vida, la Libertad e Integridad de Periodistas, destacan que en un operativo o manifestación pública no es obligatorio solicitar alguna identificación; y que es legal documentar o grabar de principio a fin un operativo policiaco, según lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
En un evento público no hay necesidad de consentimiento para la filmación en un contexto de derecho a la información y libertas de expresión.
Asimismo, las autoridades deben identificarse en los operativos y manifestaciones; garantizar la reunión y la protesta social pacífica, la cual es un derecho humano y está reconocida en el pacto de Derechos Civiles y Políticos.
“Si hay violencia está el uso legítimo de medios disuasivos para quien esté ejerciendo la violencia, pero no para quien está documentando con cámaras”.
Tampoco se puede generalizar el comportamiento individual de algunas personas violentas que pudieran darse en una protesta y mucho menos el registro o el trabajo periodístico; “este tipo de elementos deben tomarse en cuenta, especialmente porque si se tiene conocimiento de que hay una agresión o situación de riesgo a periodistas y personas defensoras de derechos humanos debe notificarse de inmediato al Mecanismo”.
Finalmente, Carriedo Téllez detalló que en el Estado de México hay 127 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, de los cuales cerca de 30 son periodistas o personas vinculadas a los periodistas.
“Cualquiera que lo necesite se puede acercar, aunque no es necesaria una incorporación o un plan de protección; de manera preventiva podemos brindarles la asesoría en caso de tener o no, alguna situación de riesgo o agresión por su labor, la canalización de dónde sí y el acompañamiento jurídico gratuito en el caso de algún delito vinculado para la presentación de las denuncias correspondientes”.
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